Chile es un país de América ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su nombre oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de Santiago. Es una república cuyo territorio se extiende por el oeste y suroeste de Sudamérica; limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, y al sur y al oeste con el océano Pacífico. De norte a sur tiene una longitud aproximada de 4.300 km y una anchura cuyo promedio es de 177 km.
Augusto Pinochet entrega la banda presidencial a Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990.
Retorno a la democracia[]
El boinazo dejó en evidencia el descontento de las Fuerzas Armadas con el gobierno de la Concertación.
Gobierno de Patricio Aylwin Azócar[]
A fines de los años 1980, Pinochet inició un proceso de retorno a la democracia que culminó con el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y la victoria de la opción No con el 54,71 % de los votos escrutados. Augusto Pinochet dejó el cargo el 11 de marzo de 1990 y asumió Patricio Aylwin como primer presidente del periodo conocido como Transición. Su gobierno se caracterizó por su ideario de unidad, cambios en la estructura administrativa, transformándose la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) en el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan), concebido como una instancia fundamental en la planificación e implementación de las políticas sociales y se creó la Ministerio del Medio Ambiente de Chile, además de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). En materia de educación, se constituyó el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE), que básicamente impulsaba el perfeccionamiento de profesores, ayudaba a los adultos a completar su educación e incrementaba las raciones alimenticias escolares, mientras que en la educación superior (universidades tradicionales), se estimuló la elección democrática de sus autoridades, como rectores, decanos y directores. En el plano económico, el gobierno de Aylwin mantuvo el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno militar, destinado a un desarrollo equitativo y sustentable, que tuvo buenos resultados. Al comienzo de la administración del presidente Aylwin la inflación alcanzaba a un 30%, en tanto que, al término del año 1993, esta cifra se redujo a un 12,2%. Del mismo modo, el crecimiento económico registró un aumento sostenido, alcanzando la cifra récord de 10,4% en 1992, el más alto en 27 años.
La portada del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Para restablecer la convivencia nacional, gravemente afectada por las violaciones a los derechos humanos, durante el gobierno del Presidente Aylwin se formó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrada por destacadas personalidades de diferentes posiciones políticas. Al cabo de nueve meses de trabajo, esta comisión elaboró un informe, conocido como el Informe Rettig, por el nombre del jurista Raúl Rettig que la presidió, basado en el análisis de los testimonios recogidos en todo el país sobre las violaciones a los derechos humanos, cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. La Comisión formuló una serie de recomendaciones, a fin de fijar medidas de reparación moral y material para los familiares de las víctimas y establecer medidas legales y administrativas, para impedir o prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.
En el gobierno de Patricio Aylwin ocurrió la entrega de la Laguna del Desierto a la República Argentina. En la imagen, la zona en disputa.
El gobierno de la transición llevó a cabo una intensa actividad en relaciones internacionales. Además de visitas presidenciales, numerosos jefes de estado visitaron el país. Fruto de estos contactos surgieron una serie de acuerdos que estrecharon los nexos comerciales, científicos y tecnológicos. Además, el Estado chileno, junto con reiterar su posición liberal, firmó acuerdos de libre comercio y de complementación económica con algunos países, como Venezuela y Colombia. Las relaciones con Perú mejoraron significativamente en beneficio de la futura integración regional, que en 1993, se concretaron cuando el canciller chileno de aquel entonces, Enrique Silva Cimma, firmó el acuerdo que estableció la inspección, reparación y reposición de los hitos de la frontera común. Con Argentina se solucionaron varios conflictos pendientes, se firmaron varios acuerdos de integración, pero en octubre de 1994 se conoció el fallo del Tribunal Arbitral -reunido en Río de Janeiro-, en el cual Chile perdió la Laguna del Desierto, el territorio que estaba en litigio desde 1991 con el país vecino. Ese mismo año, cuatro países sudamericanos (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmaron un tratado en el que se acordaba construir, a partir de 1994, el Mercado Común del Sur (Mercosur), con un programa de desgravación arancelaria que partiría en diciembre de ese año. De inmediato se planteó la posibilidad de que Chile se asociara a esta iniciativa, dado que había priorizado como política exterior la apertura económica hacia América Latina, por ser el ámbito natural de integración. Sin embargo, a pesar de esta posición, Chile se abstuvo de ingresar, ya que existían diferencias muy significativas, tanto respecto de la estabilidad económica como de la mantención de un arancel parejo y bajo. Pero en 1994, se comenzó a flexibilizar y Chile empezó a estudiar nuevamente la posibilidad de establecer un acuerdo de integración. Finalmente, en 1996, se firmó el proyecto de acuerdo de libre comercio de Chile con el Mercosur, en el cual se estableció un marco jurídico e institucional para la cooperación económica e integración física.
En el ámbito político institucional, se trató de democratizar las instituciones públicas y consolidar la necesaria relación de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Aunque este aspecto fue manejado con mucha cautela, evitando cualquier enfrentamiento, durante este período los militares igualmente hicieron ver y sentir su malestar político de manera efectiva en dos ocasiones: en el llamado ejercicio de enlace, en diciembre de 1990, y en el boinazo, en mayo de 1993. Otro paso importante en la democratización y en la descentralización del país, se dio con la modificación de la ley de elecciones municipales, las que se realizaron en 1992, con un amplio triunfo para los candidatos de la Concertación. Aylwin terminó su mandato presidencial en 1994, y no pudo convertirse en senador vitalicio, porque la Constitución reservó la prerrogativa a los mandatarios que ejercieron la presidencia por un período mínimo de seis años.
Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle[]
El presidente Eduardo Frei en la cuenta pública ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1995.
En 1992, Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue nominado precandidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano, compitiendo luego con Ricardo Lagos Escobar del Partido por la Democracia en las primarias internas de la Concertación. En 1993, se convirtió en el abanderado de todo el conglomerado para las elecciones presidenciales. En diciembre de este mismo año, ganó los comicios presidenciales, tras conseguir un 58% de los votos. La meta del crecimiento económico, vinculada estrechamente al fortalecimiento del comercio exterior chileno, llegó a convertirse en la más fuerte prioridad del gobierno de Eduardo Frei. Los resultados, en términos macroeconómicos, fueron altamente exitosos. Chile logró encabezar el crecimiento económico en Latinoamérica durante 1995. Las cifras son elocuentes: un crecimiento económico del 8,2%, el más alto de la región; la inflación descendió de un 8,9% en 1994, a un 8,2% en 1995, una tasa de ahorro de un 27,3% del Producto Interno Bruto. La balanza comercial siguió arrojando saldos cada vez más favorables. Los retornos en divisas ingresadas al país también crecieron en forma inesperada. Así, de los 11.450 millones de dólares alcanzados en 1994, aumentaron en 16.039 millones en 1995, debido al alto precio de cotización del cobre, la celulosa y el harina de pescado.
Este gobierno impulsó una profunda reforma al sistema educacional, ya que se elevaron las remuneraciones de los profesores, se inició la aplicación de amplios programas de capacitación docente y se aumentaron las horas de escolaridad. En forma paralela, se innovó en materias de infraestructura y de obras públicas. Entre las iniciativas llevadas a cabo se destacó la apertura al sector privado para la construcción y operación de carreteras, puertos, terminales aéreos, etc., a través de un sistema de concesiones que garantizaron la modernización. Entre los numerosos proyectos iniciados por el Ministerio de Obras Públicas destacaron el término de la construcción del Túnel El Melón y la construcción de la Línea 5 del Metro de Santiago, desde el centro de la ciudad hacia La Florida (inaugurada en 1997).
Con motivo de la crisis eléctrica ocurrida en el Sistema Interconectado Central (SIC), producto de la sequía que afectó al país a fines de 1998, el gobierno introdujo el uso de gas natural como combustible para la gestión termoeléctrica. Durante el primer semestre de 1999, se aprobó una modificación a la normativa que regula el sector eléctrico. Dicho reglamento fortaleció las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en lo que a multas y sanciones se refiere, creando un mecanismo de pago de compensaciones a usuarios en caso de déficit de suministro. Se estableció, además, el criterio de racionamiento parejo en el sistema, independiente de las relaciones comerciales entre clientes y empresas generadoras. Asimismo, se firmó el Protocolo Gasífero con Plantilla:Vc en 1995, que permitió la interconexión de gas con dicho país. Ello significó la construcción y puesta en marcha de cinco gasoductos. Además, se inauguró, en 1997, la Central Hidroeléctrica Pangue y se comenzó, en 1998, la construcción de Ralco. Sin embargo, desde que se iniciaron estas dos centrales surgió una fuerte oposición a los dos proyectos, ya que se criticó la alteración de las formas de vida de las comunidades pehuenche que residían en el sector de Alto Bio-bío. La presión ejercida por los grupos contrarios a la construcción terminó en los tribunales de justicia, lo que hizo retrasar el comienzo de las dos obras, pero finalmente se logró un acuerdo y se terminaron de construir las dos centrales. Ralco comenzó a entregar energía en septiembre de 2004.
El gobierno se caracterizó también por la modernización del Estado. En 1996, se inició la modernización de la justicia, aunque fue en 1997 cuando se aprobó la reforma procesal penal. También se creó la figura del Ministerio Público y la Defensa Pública. Dentro del mismo plan modernizador y por la falta de recursos económicos, se cerró la Empresa Nacional del Carbón, Enacar, y se privatizó el sector de carga de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). En 1998, se creó la Comisión Nacional para las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, cuya misión fue elaborar una propuesta para potenciar la difusión en el desarrollo de las tecnologías de información. Así nació el llamado gobierno electrónico, una red de Internet que interconectó ministerios, servicios y organismos públicos. Además, se puso en marcha del Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (Chilecompra).
Luego de unas reñidas elecciones, Joaquín Lavín, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), asumió el 11 de marzo de 2000, siendo el primer centroderechista en ser electo presidente del país en 42 años, poniendo término a los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia e iniciándose un periodo conocido como alternancia en el poder. El nuevo gobierno enfrentó graves dificultades económicas producto de la crisis asiática, frente al cual respondió con un plan de recuperación económica. El objetivo de esto era que Chile volviera a crecer sostenidamente al 7% anual. Para eso se elevó la tasa de ahorro al 26% del PIB, generando nuevos incentivos al ahorro privado a través de una política de modernización y flexibilización del mercado de capitales y desarrollando una política de austeridad fiscal. Esta política de austeridad, impulsada por el ministro de Hacienda, Cristián Larroulet, tendría como misión un crecimiento del gasto público inferior al del producto, de tal forma de recuperar el superávit fiscal en torno al 1% del PIB y duplicando el ahorro público. La apertura comercial que se intensificó durante el gobierno de la centroderecha fue a la mano con una reducción de impuesto al crédito. En consecuencia, se masificó el acceso al crédito, siendo esto un nuevo impulso en la modernización del mercado de capitales, intensificándose la integración al mundo mediante acuerdos bilaterales de libre intercambio financiero internacional. El aumento de la competencia benefició a los ahorradores, afiliados en las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y usuarios de crédito y también se creó el Tribunal de la Libre Competencia (TLC). En definitiva, en materia económica, en los seis años de gobierno se obtuvo un crecimiento promedio anual del PIB de del 6,5%; un incremento acumulado del 30% de la renta nacional per cápita, un millón de nuevos empleos, reducción del desempleo del 9% a menos del 7% en 2006, reducción de la pobreza del 20,6% a menos del 12% al fin del gobierno, y la inflación se redujo a menos del 3%.
El presidente chileno Joaquín Lavín junto a su par cubano, Fidel Castro en una visita oficial a la isla.
Las relaciones internacionales fueron una de las materias más polémicas del gobierno de la Alianza y una de las más cuestionadas por la oposición. La modernización de la cancillería fue encabezada por el ministro Andrés Allamand logrando que prácticamente la totalidad de los embajadores provinieran del servicio diplomático, elevando la formación profesional de los representantes en el exterior y su ascenso de acuerdo a criterios técnicos. Además se creó el Consejo de Relaciones Exteriores, instancia de intercambio de información y orientaciones entre el ministerio, académicos y actores privados, respetando la opinión de expertos independiente sobre materias que conciernen a la nación entera. Mejoraron las relaciones con Bolivia tras la llegada al poder de Manfred Reyes Villa lo que terminó en la construcción del Gasoducto Mejillones-Tarija, que significaría el fin de la dependencia de Chile del gas argentino y la obtención de una mayor cantidad de gas a un costo menor. También hubo acercamientos diplomáticos con la dictadura cubana encabezada por Fidel Castro tras la visita de Estado realizada por el Presidente. La situación política sudamericana comenzó a desestabilizarse luego del golpe de Estado en Venezuela que derrocó al presidente Hugo Chávez. La cancillería chilena reconoció al nuevo gobierno del empresario Pedro Carmona Estanga, declarando que esperaba un rápido restablecimiento de la democracia y las libertades en el país. A finales de ese año, Chile ingresó como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como tal debió resolver la pretensión del gobierno del presidente norteamericano George W. Bush de invadir Irak bajo el supuesto de que disponía de armas de destrucción masiva y de que según informes de inteligencia estadounidenses, Saddam Hussein prestaba apoyo a grupos terroristas internacionales. Por distintos canales, la diplomacia de Washington hizo saber al gobierno de Lavín que una postura desfavorable a la invasión pondría en riesgo el camino que aún le faltaba por recorrer a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el Congreso. El embajador en los Estados Unidos, Hernán Felipe Errázuriz instó al gobierno chileno a aprobar la invasión y finalmente la cancillería, ahora encabezada por Teodoro Ribera Neumann, finalmente dio el visto bueno a la guerra, recibiendo cuestionamientos de la izquierda y de la Iglesia Católica.
Para finales del año 2002, el ejecutivo lanzó una serie de reformas en materia educacional y sanitaria que permitieron extender la cobertura de la educación pre básica, la implementación de la «libreta de ahorro educacional» y también la reducción de no más de noventa días en operaciones y el término de las filas en los consultorios. En materia social, además, se creó el «fondo social comunal», el «banco de los pobres» que otorgó financiamiento a proyectos e iniciativas productivas de personas vulnerables para impulsar su desarrollo e incorporación al mundo productivo. Esto sumado al «Fondo de la Tercera Edad», entre otras medidas de índole similar. En materia de infraestructura, se ordenó la transformación del Aeródromo Los Cerrillos en un aeropuerto internacional, la creación de dos nuevas líneas del Metro de Santiago, y una nueva política en medida ferroviaria, en conformidad con el crecimiento económico imperante. Además, durante la administración de Lavín, fructificó la modalidad de las concesiones, en que el Estado, sin perder la propiedad de las obras que licita, las entrega para su ejecución y operación a consorcios privados. En estos avances destacó la gestión del ministro de Obras Públicas, Francisco de la Maza. En materia de defensa, también, el gobierno de Lavín aprovechó la buena situación económica nacional para implementar un fortalecimiento y por ende también una modernización de las Fuerzas Armadas, que llegó a ser cuestionado incluso por la diplomacia de los países vecinos, ya que evidentemente, se incluyó la compra de nuevos aviones y buques de guerra. También en dichas reformas se modificó la criticada ley del cobre y fue reemplazada por un Fondo de Inversión para la Defensa (FID) un año más tarde.
Gobierno de Ricardo Lagos Escobar[]
El Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar junto a su ministro del Interior, Andrés Zaldívar Larraín.
Pese a su alta popularidad entre los chilenos, el presidente Joaquín Lavín no logró la continuidad de su conglomerado al mando de la nación. El candidato del oficialismo, Pablo Longueira, perdió frente al tradicional líder de la oposición, Ricardo Lagos, volviendo la Concertación de Partidos por la Democracia al poder. En el marco de su triunfo, se dio un quiebre definitivo con el Partido Comunista, que al igual que en la elección de hace seis años, se negó a apoyar al candidato concertacionista en la segunda vuelta. Los comunistas liderarían la oposición al gobierno desde la izquierda, impulsando una serie de manifestaciones gremiales contra la nueva administración, lo que impediría hasta el día de hoy un acercamiento entre el gobierno y el bloque Juntos Podemos Más, que incluía en aquel momento al Partido Humanista (PH), Partido Comunista (PCCh) y la Izquierda Cristiana (IC). Las primeras medidas de Ricardo Lagos como presidente de la República fue la constitución de la Comisión Boeninger para estudiar una eventual reforma al sistema electoral binominal que no logró concretarse debido a la oposición de la centroderecha, el alza de las contribuciones, una ley que regula el consumo del tabaco, la entrega de bonos de invierno a las familias más pobres del país, una reforma a la salud chilena a costa de los dineros del cobre, la construcción de nuevos hospitales y la creación de los Ministerios de Seguridad Ciudadana y del Medio Ambiente.
Mapas de la Región de Arica y Parinacota y la Región de Los Ríos.
Dentro de su política social se creó un seguro de desempleo, pagado por el Estado, los empleadores y los trabajadores; la ley para reformar el sistema de salud mediante garantías explícitas a la atención (Programa AUGE); el programa de erradicación de campamentos (Chile Barrio); un programa de protección social para familias en situación de extrema pobreza (Chile Solidario); la implementación de la Jornada Escolar Completa; la escolaridad obligatoria durante 12 años; y la creación de una institucionalidad cultural central (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). En materia de Derechos Humanos, el 28 de noviembre de 2008 el gobierno lanzó el Informe Valech que detalló aproximadamente treinta mil victimas de violaciones a esos derechos bajo el gobierno militar. Más tarde Lagos ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, el cual se constituiría en 2012. Con motivo del bicentenario, el gobierno de Lagos lanzó una serie de reformas a la Constitución Política en 2008. Se eliminó los senadores vitalicios y designados, institución establecida en los orígenes de la carta fundamental cuyos cargos eran correspondientes a ex miembros de varios órganos del Estado y ex presidentes de la República, la facultad de remoción de los comandantes en jefe, la modificación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y modificaciones al sistema de reemplazo de los parlamentarios y la creación de las regiones de Arica y Parinacota y Región de Los Ríos.
Logotipo del bicentenario de Chile.
Un terremoto de gran magnitud devastó a la zona centro sur del país.
En el aspecto económico, la economía se mantuvo en buen estado, siguiendo el ritmo heredado del gobierno de Joaquín Lavín. Sin embargo, un hecho clave fue el explosivo crecimiento del valor del cobre, el principal producto de exportación del país, debido a la creciente demanda por parte de otros países (en especial de China). En mayo de 2006, el valor de la libra superó los $3,5 dólares en la Bolsa de Metales de Londres, reportando más de US$6 mil millones de superávit fiscal hasta la fecha. A pesar de los altos recursos que obtuvo el gobierno, este decidió ahorrarlos, lo que provocó críticas incluso dentro de la misma alianza oficialista que proponía el gasto en salud y educación. Sin embargo, dicha prudencia en el ahorro de recursos permitió lanzar a principios de enero de 2009 (y ante los efectos de la crisis financiera internacional) un plan de estímulo fiscal nunca antes visto en el país, y que consideró recursos por más de US$4.000 millones, propendiendo a incrementar en un punto porcentual el crecimiento potencial de Chile para dicho año. Las medidas de austeridad fiscal implementadas pre-crisis permitieron realizar este esfuerzo (los ahorros alcanzaron los US$ 42 mil millones en el período 2004-2008), que fue constatado por la OCDE en su pronunciamiento de aceptación de ingreso del país a dicho organismo. Respecto a los niveles de inflación, esta ascendió a 4,025%, cifra inferior a países vecinos como Uruguay (7,49%), Colombia (4,96%), Venezuela (23,88%), Brasil (4,45%), Argentina (8,3%) y México (4,48%), entre otros.
El 27 de febrero de 2010, un terremoto grado 8,8 sacudió desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos. Se produjo también un tsunami que dejó sólo veinte muertos gracias a la rápida acción de los organismos de emergencia. Fallecieron trescientas cincuenta personas y alrededor de seiscientas mil quedaron damnificadas. El gobierno inmediatamente decretó estado de emergencia y toque de queda para controlar posibles desordenes que podían producirse especialmente en la Región del Biobío. Finalmente el 11 de marzo de ese mismo año y coincidiendo con un temblor de gran magnitud, Ricardo Lagos entregó la banda presidencial a Sebastián Piñera.
Gobierno de Sebastián Piñera Echenique[]
Gobierno de Soledad Alvear Valenzuela[]
Gobierno de Andrés Allamand Zavala[]
Actualidad[]
Estado[]
El palacio de La Moneda, sede del poder ejecutivo chileno.
Gobierno y administración[]
La República de Chile es un Estado unitario, democrático y presidencialista, conformado por diversas instituciones autónomas insertas en un esquema constitucional que determina ciertas funciones y distribuye las competencias entre los órganos del Estado. La administración del Estado es funcional y territorialmente descentralizada y desconcentrada.
El poder ejecutivo o, más propiamente, el gobierno y la administración pública, están encabezados por el presidente de la República, quien es el jefe de Estado y de gobierno. Según la Constitución, el presidente permanece en el ejercicio de sus funciones por un término de 4 años y no puede ser reelegido para el periodo siguiente. Desde marzo de 2012, este cargo ha sido ejercido por Sebastián Piñera. El presidente de la República designa a los ministros de Estado, quienes son sus colaboradores directos e inmediatos en el gobierno y administración del Estado y funcionarios de su exclusiva confianza.
El gobierno de cada región reside en el intendente, quien es nombrado por el presidente y es su representante natural e inmediato en dicho territorio, manteniéndose en sus funciones mientras cuente con su confianza La administración regional corresponde a los gobiernos regionales, conformados por el respectivo intendente y un consejo regional, integrado por consejeros, electos por votación popular por periodos de 4 años. A su vez, el gobierno de cada provincia
El edificio del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.
está a cargo del gobernador, designado y removido libremente por el presidente. Por su parte, la administración local corresponde a las municipalidades, compuestas por un alcalde y un concejo comunal, electos por votación popular por periodos de 4 años.
El poder legislativo reside tanto en el presidente de la República —en calidad de colegislador— como en el Congreso Nacional, con sede en Valparaíso, de carácter bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados elegidos por votación popular. El Senado está formado por 40 senadores que permanecen en el cargo por 8 años con la posibilidad de ser reelectos en sus respectivas circunscripciones, las que eligen dos senadores en cada elección; cada 4 años se renueva la mitad de la plantilla de senadores en las elecciones parlamentarias regulares. La Cámara de Diputados está formada por 120 miembros que permanecen 4 años en el cargo y también pueden ser reelectos en sus respectivos distritos, los que eligen dos diputados en cada elección, en que se renueva la totalidad de la cámara. Para las elecciones parlamentarias, se ha utilizado desde 1989 el sistema binominal, instaurado por la Constitución de 1980, lo que ha permitido el establecimiento de dos bloques políticos mayoritarios —Concertación y Alianza— a expensas de la exclusión de grupos políticos no mayoritarios como Juntos Podemos Más.
El Tribunal Calificador de Elecciones y dieciséis tribunales electorales regionales son los encargados de la calificación de las elecciones y de resolver las reclamaciones electorales, mientras que el Servicio Electoral se encarga de la organización de los procesos electorales y de la administración del registro electoral y del registro de los partidos políticos.
Política[]
A lo largo de la historia de Chile han existido diversos partidos, los que fueron o prohibidos o suspendidos por el Régimen Militar en 1973. En 1987 los partidos políticos se reorganizaron para participar en el plebiscito nacional de 1988, lo que configuró el sistema vigente. El sistema binominal ha obligado en parte a la formación de grandes coaliciones políticas:
La Alianza es una coalición de centroderecha, principalmente formada por Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, creada para apoyar la opción Sí en el plebiscito de 1988. Luego de ser la principal fuerza política opositora por diez años, su candidato Joaquín Lavín ganó las elecciones presidenciales de 2000, volviendo a ser oposición en 2006 tras la victoria de Ricardo Lagos y retornando al gobierno en 2010 con Sebastián Piñera. En 2014 volverían a la oposición con Soledad Alvear y en 2018 recuperarían La Moneda con Andrés Allamand.
La Concertación es una coalición de centroizquierda, —que apoyó la opción No en el plebiscito de 1988 y que gobernó posteriormente el país desde 1990 hasta 2000 y entre 2006 y 2010— para posteriormente volver a ser oposición a los gobiernos de Joaquín Lavín y Sebastián Piñera. En 2014 volvió al poder y en 2018 lo perdió. Su líder histórico es el presidente Ricardo Lagos. La integran oficialmente el Partido Demócrata Cristiano de Chile, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista de Chile y el Partido Radical.
En las elecciones parlamentarias de 2017, la Concertación consiguió el 39,07% de los votos de diputados y el 43,04% de los votos de senadores; y la Alianza, el 39,19% de los votos de diputados y el 46,17% de los votos de senadores. En el Congreso ambas fuerzas se encuentran empatadas y obtienen 60 diputados y 20 senadores cada una. Los partidos más pequeños, como el Partido Progresista, que obtuvo el 3,95% y la Fuerza Regionalista Independiente que logró apenas el 1,99% no tienen representación parlamentaria. Distinto es el caso de la coalición Juntos Podemos Más que obtuvo una votación del 14,65% y aún así, por efectos del sistema binominal, no obtuvo diputados ni senadores electos.
Sufragio[]
La Constitución establece el derecho a sufragio a los 18 años e indica que, en las votaciones populares, «el sufragio será personal, secreto y obligatorio». La inscripción en el Registro electoral es voluntaria. A los extranjeros avecindados en Chile se les reconoce su derecho a votar en todas las elecciones y plebiscitos, siempre que acrediten residencia en el país por más de cinco años, tengan cumplido dieciocho años de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva. Tanto los locales de votación como sus mesas son mixtos. Los vocales de mesa son elegidos de entre los mismos electores mediante sorteo previo. Quienes resulten electos tienen la obligación de presentarse y cumplir con los deberes establecidos por la ley, aunque ella provee algunos motivos para evitar ser vocal. El sufragio femenino en igualdad al masculino se aprobó en 1949. Las chilenas han votado en elecciones municipales desde 1935 y en las presidenciales a partir de 1952.
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